Virginia Rodríguez, representante del Frente Renovador en el Concejo Deliberante platense, fomenta la iniciativa a partir de una Ordenanza de su autoría, con el objetivo prevenir, detectar y corregir posibles irregularidades o actos ilícitos.

Durante el transcurso de la 17° sesión ordinaria del Concejo Deliberante local, la edil Virginia Rodríguez presentó un proyecto de ordenanza que contempla la creación del Programa “Integridad Empresarial”, que estará destinado a todas las empresas que sean contratistas con la Municipalidad de La Plata.

“El programa está basado en el cumplimiento de requisitos principales -puntualizó la concejal- que consisten en la existencia en cada empresa de un código de ética o conducta aplicable a todos los directores, administradores y empleados (independientemente del cargo o función ejercida), que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores, de manera de prevenir la comisión de delitos contemplados en la ley; asimismo deberá contener una serie de reglas y procedimientos específicos tendientes a la prevención de ilícitos en procesos licitatorios o concursos, contratos administrativos u otra interacción con el municipio platense. Estas instancias deberán ser obligatorias, para las cuales también solicitamos se lleven a cabo al interior de cada empresa tanto capacitaciones periódicas como una política de protección de denunciantes contra represalias”.

Al fundamentar esta iniciativa, Virginia Rodríguez señaló que “el 8 de noviembre del pasado año, el Congreso Nacional aprobó la ley de Responsabilidad Penal Empresaria a fin de implementar estándares internacionales que sancionan a las personas jurídicas involucradas en casos de corrupción; con esta legislación Argentina se puso a la altura de otros países de la región y el mundo, como Chile, Brasil, Colombia, México, EEUU, España y Francia”, y destacó que “además cumplirá con los compromisos internacionales asumidos al ratificar la Convención contra el soborno Transnacional de la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico), ya que Argentina era el único país, de los 41 firmantes que no contaba con ella”.

“Algunos de los delitos alcanzados por la ley son el cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión y enriquecimiento ilícito tanto de funcionarios como de empleados. Creemos que es necesario adoptar estas políticas en nuestro municipio, como manera de cambiar el foco, trabajar ya no en la detección sino en la prevención de accionar corrupto ”- finalizó la edil massista.






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