La concejala Virginia Rodríguez, del Frente de Todos (FdT) y dirigente del Frente Renovador (FR), impulsa la iniciativa. Será tratada mañana por el Concejo Deliberante de La Plata.

“Créase el Banco de Datos de ‘Compromiso Social Empresario’, en adelante COSOEM, en el ámbito de la Municipalidad de La Plata a cargo de la Secretaria de la Producción, y el premio o reconocimiento al COSOEM para empresas o entidades radicadas en nuestra ciudad, con el objeto de difundir, estimular y distinguir las acciones de las entidades empresarias localizadas en el distrito de nuestra ciudad, que signifiquen una contribución al bienestar de la comunidad, el medio ambiente y los recursos humanos locales, transformando en hechos concretos el principio de la responsabilidad social empresaria”, establece el proyecto de ordenanza impulsado por Rodríguez.

“Se entiende por ‘Compromiso Social Empresario’ aquellos comportamientos voluntarios llevados a cabo por empresas y entidades de carácter privado con fines de lucro localizadas en la circunscripción territorial de nuestra ciudad, que signifiquen un compromiso con el entorno social y ambiental a través del diseño, desarrollo y ejecución de planes, programas o proyectos que manifiesten claramente objetivos de mejoramiento del bienestar del personal de la empresa, de la comunidad y del medio ambiente”, señala el texto que se debatirá el martes.

Además, plantea que los objetivos generales del premio o reconocimiento son:

Generar mecanismos de adhesión voluntaria que promuevan conductas por parte de las empresas que sean social y ambientalmente responsables.
Destacar el apoyo que el sector privado brinda a la comunidad y el esfuerzo por cumplir los preceptos de la responsabilidad social generando así, conductas de imitación.
Contar con un Banco de Datos del Compromiso Social Empresario que permita elaborar diagnósticos adecuados acerca de los vínculos entre el sector privado y la comunidad local.
De aprobarse, podrán participar todas las empresas y entidades privadas con fines de lucro que estén localizadas en el municipio o que desarrollen acciones que influyan directamente en la Ciudad y cuya situación legal y fiscal se encuentre regularizada antes los poderes públicos pertinentes (nacionales, provinciales y municipales).







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